Los partidos políticos PAN y PRI en el Congreso del Estado buscar derogar el artículo 480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que habla de castigar el ciberasedio.
En la sesión ordinaria de este miércoles, la primera que pedirá tal recurso es la legisladora del PRI, Delfina Pozos Vergara.
En el punto, 23 del orden del día se lee: “Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Delfina Pozos Vergara, de la Representación Legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se deroga el artículo 480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla”.
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Posteriormente en el punto 32, el PAN también solicita durante la sesión de este día: “Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan las y los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se deroga el artículo
480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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El ciberasedio, es una forma de violencia ejercida a través de medios digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico o cualquier plataforma en línea. Implica conductas repetitivas e intencionadas que buscan hostigar, intimidar, amenazar o controlar a una persona.
Estas conductas pueden incluir:
Envío constante de mensajes ofensivos o intimidatorios.
Difusión de información personal sin consentimiento.
Amenazas directas o veladas por medios digitales.
Suplantación de identidad para dañar la reputación.
Vigilancia, control o manipulación a través de dispositivos digitales.
Hostigamiento sexual o envío no solicitado de contenido íntimo.
En el contexto jurídico del estado de Puebla, el artículo 480 del Código Penal, vigente desde 14 de junio de 2024, establece sanciones que van de 11 meses a tres años de prisión para quien incurra en este tipo de violencia digital, reconociendo el ciberasedio como un delito autónomo.
El objetivo de tipificar, de acuerdo con la presidenta del poder legislativo, Laura Artemisa García Chávez este delito es proteger la integridad psicológica, la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente de quienes son más vulnerables, como mujeres, adolescentes y menores de edad, ante agresiones que ocurren en entornos digitales, pero con consecuencias reales.