Una operación militar sin precedentes llevada a cabo por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano dejó al menos 40 personas muertas, entre militares y civiles, según informaron fuentes venezolanas citadas por medios internacionales.
La acción, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha generado una crisis política y humanitaria de amplio impacto.
La madrugada del 3 de enero de 2026, aviones y fuerzas especiales estadounidenses emprendieron un ataque sobre diversos puntos estratégicos en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda, con el objetivo declarado de capturar a Maduro.
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El operativo, denominado Operation Absolute Resolve por analistas internacionales, incluyó bombardeos y despliegue de tropas para neutralizar la defensa venezolana.
Según testimonios y fuentes oficiales entrevistadas por The New York Times, al menos 40 víctimas fatales han sido contabilizadas hasta ahora.
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Las víctimas incluyen tanto personal militar del gobierno de Venezuela como civiles que se encontraban en zonas urbanas afectadas por las explosiones. Entre ellas se menciona el caso de una mujer de 80 años que sufrió el impacto de un proyectil en su edificio residencial en Catia La Mar.
Hasta el momento no existen cifras oficiales finales confirmadas por autoridades venezolanas o por organismos internacionales independientes, lo que mantiene un clima de incertidumbre sobre el número real de muertos y heridos.
Medios con acceso a investigaciones preliminares también han sugerido estimaciones menores, en torno a 20 fallecimientos, aunque estas cifras no han sido corroboradas oficialmente.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la captura de Maduro y informó que las fuerzas de EE. UU. asumirán temporalmente el control del país, con miras a una transición política, una declaración que ha generado rechazo y condenas de diversos sectores internacionales por considerarla una violación de la soberanía venezolana.
Mientras tanto, Venezuela permanece en un estado de alarma y conmoción. En las calles de Caracas y otras ciudades, los ciudadanos muestran signos de trauma tras las explosiones y la incertidumbre sobre el futuro político del país. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha sido declarada presidenta interina por la justicia local y ha denunciado lo ocurrido como un “secuestro”.
La operación ha desatado reacciones mixtas en la comunidad internacional: algunas naciones han expresado apoyo a la deposición de Maduro, mientras que otros gobiernos y organismos regionales han condenado la acción como una agresión armada y un precedente peligroso para el derecho internacional.
