La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que en cumplimiento de su deber de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, se han iniciado las indagatorias correspondientes a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, con motivo de la salida de los servidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.

La Fiscal General del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, subrayando que este organismo constitucionalmente autónomo no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus unidades administrativas.

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Asimismo, la institución informa que, en el marco de una reestructuración y fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se llevaron a cabo cambios en cargos de alto nivel en distintas áreas sustantivas.

Entre los movimientos destacan los realizados en las siguientes Fiscalías:

• Fiscalía de Investigación Metropolitana.
• Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión.
• Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.

Los mencionados cambios obedecen a renuncias voluntarias de los titulares, derivadas de necesidades de índole personal y profesional, aclarando que las mismas no obedecen a ningún tema de corrupción y se realizaron conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos.

De igual manera, se informa la designación de nuevos titulares en las siguientes Unidades Administrativas:

• Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
• Fiscalía Regional.
• Coordinación General de Investigación.

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Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla ratifica su compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas para garantizar el acceso a la justicia y la atención oportuna a la ciudadanía.