Familiares de las personas privadas de la libertad realizaron un bloqueo frente al Penal de San Miguel para denunciar presuntas extorsiones, malos tratos y cobros ilegales al interior del centro penitenciario.

Desde temprano, la vialidad que conecta con el Batán quedó parcialmente cerrada, luego de que los manifestantes colocaron una manta en la que acusan actos de tortura y exigencias económicas que, aseguran, se han vuelto constantes dentro del reclusorio.

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Las y los inconformes pidieron la intervención directa del gobernador Alejandro Armenta Mier y del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, pues consideran que las autoridades han permitido que continúen prácticas irregulares que afectan a los internos.

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De acuerdo con sus señalamientos, en el penal existirían cobros por servicios básicos y presuntas redes de internos que controlan la venta de droga y el uso de teléfonos celulares.

Entre gritos y pancartas, reclamaron que sus familiares viven bajo “amenazas permanentes” y advirtieron que mantendrán las protestas hasta que las autoridades den una respuesta y frenen lo que calificaron como abusos sistemáticos.