En los últimos dos años, autoridades estatales han desmantelado cinco narcolaboratorios dedicados a la fabricación de drogas sintéticas en distintos municipios de Puebla. Uno de ellos, ubicado en Jopala, operó durante aproximadamente un año y habría generado ganancias cercanas a 2 mil 400 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que este laboratorio tenía capacidad para abastecer los mercados ilícitos de Puebla y Veracruz, por lo que fue considerado uno de los principales centros de producción clandestina detectados en la entidad.
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Durante la conferencia de prensa, el funcionario detalló que en 2025 fueron asegurados laboratorios clandestinos en Ixtacamaxtitlán, Acajete y Puebla capital, mientras que en 2026 los operativos permitieron localizar otros dos en Chila de la Sal y Jopala, resultado de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y la Fiscalía General del Estado.
En el operativo realizado el 14 de junio en Jopala, las fuerzas de seguridad aseguraron 500 kilogramos de una sustancia con características del cristal, 25 mil 300 litros de precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores, tanques de gas LP y diverso equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
Sánchez González advirtió que estos centros clandestinos alimentan el narcomenudeo, delito que, dijo, afecta principalmente a niñas, niños y jóvenes, por lo que su desmantelamiento representa un golpe importante contra las estructuras del crimen organizado.
El titular de la SSP también lanzó un mensaje a los presidentes municipales, al señalar que resulta difícil creer que un laboratorio de esa magnitud pudiera operar durante tanto tiempo sin que las autoridades locales tuvieran conocimiento.
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“Un laboratorio de estas dimensiones no puede operar durante un año sin que nadie se dé cuenta. Si no se actuó, podría tratarse de omisión o incluso de encubrimiento”, advirtió.
Las investigaciones continúan para determinar si existió responsabilidad de servidores públicos que permitieron la instalación y operación de estos narcolaboratorios. Lo anterior ocurre después de la detención de seis secretarios de Seguridad Pública municipal, quienes, de acuerdo con las autoridades, tenían conocimiento de la operación de estos centros clandestinos.