En el Congreso del Estado de Puebla manifestaron su respaldo a la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier, que busca regular el uso de dispositivos electrónicos entre la niñez poblana.

Los legisladores coincidieron en que la protección de los menores frente a los riesgos del mundo digital es una prioridad legislativa que requiere de un amplio consenso social.

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​El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, afirmó coincidir plenamente con la postura del Ejecutivo estatal. Subrayó que, para evitar vacíos legales en un entorno digital, el Congreso iniciará un proceso de análisis profundo.

​“He instruido a la Secretaría General y a las diversas direcciones para generar un cronograma y una línea de tiempo para invitar a la academia, padres de familia, maestros y sociedad civil a participar en foros y mesas de trabajo”, señaló Gaspar Ramírez.

​El legislador enfatizó que el objetivo primordial es proteger a los infantes de personas que puedan aprovecharse de la falta de supervisión en medios digitales.

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​Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés, celebró la coincidencia con el gobernador, recordando que él mismo ha impulsado propuestas en la materia.

Destacó que el contexto actual, donde ambos padres suelen trabajar, ha generado un cierto “abandono” digital que debe atenderse con políticas públicas desde la Secretaría de Educación Pública.

​Socializar el tema con la ciudadanía antes de legislar.

​Determinar técnicamente la edad adecuada para el acceso a ciertos dispositivos.

​Fortalecer la participación de los padres de familia en la formación digital.

​Finalmente, el coordinador de la bancada del PAN, Marcos Castro Martínez, recordó que otros estados ya han legislado sobre este tema, lo que sirve como precedente para Puebla.

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Sugirió que el análisis en el Congreso debe evaluar desde el resguardo de aparatos en las escuelas hasta la regulación de tiempos de uso.

​Castro Martínez precisó que el enfoque no debe ser meramente sancionatorio, sino preventivo y educativo.

“Más allá de sanciones, buscamos regular el uso de estos dispositivos y conocer las inquietudes de todos los sectores sociales a través de los foros”, concluyó.
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