Con el objetivo de acabar con la discrecionalidad en los ajustes al costo del pasaje y proteger la economía de los usuarios, la diputada Fedhra Suriano Corrales, integrante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado de Puebla para establecer que las tarifas del transporte público se revisen por ley cada cinco años y que cualquier aumento esté estrictamente condicionado a mejoras reales en el servicio.
La propuesta busca modificar el artículo 62 de la normativa vigente, argumentando que la redacción actual es insuficiente ante las exigencias ciudadanas de transparencia, calidad, seguridad y rendición de cuentas.
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Agregó que actualmente, la ley permite que la Secretaría de Movilidad y Transporte fije las tarifas máximas con base en estudios técnicos, pero no establece plazos ni candados claros.
La iniciativa de Suriano Corrales propone un límite temporal estricto: no se podrán autorizar nuevos incrementos antes de que transcurran cinco años desde el último ajuste, salvo por causas extraordinarias que estén plenamente justificadas.
”Existe un margen de discrecionalidad que debe ser acotado mediante reglas claras, objetivas y verificables para evitar ajustes sucesivos que afecten de manera desproporcionada la economía de la población”.
Uno de los cambios medulares de la reforma es la sustitución del concepto administrativo de “clase de servicio” por el de “calidad del servicio”. Con esto, la autoridad estará obligada a evaluar las condiciones reales en las que viajan los poblanos diariamente antes de considerar un cambio en el precio.
Para que un aumento sea viable, los concesionarios deberán acreditar mejoras verificables en:
El estado físico y mantenimiento mecánico de las unidades.
La seguridad y la limpieza de los vehículos.
La frecuencia de paso y la eficiencia operativa.
La accesibilidad universal para todos los usuarios.
Consultas ciudadanas y estudios transparentes
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De ser aprobada, la Secretaría tendrá la obligación de publicar de manera física y digital los estudios técnicos integrales que sustenten cualquier propuesta de ajuste.
Además, se introduce la obligación de realizar foros y mecanismos de consulta ciudadana en las diferentes regiones del estado, reconociendo que las necesidades de movilidad no son las mismas en la capital que en el interior de la entidad.

