En el inicio del tercer periodo ordinario de sesiones en el Congreso local, el diputado de Morena, Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla en materia de daño moral, identidad digital y reparación integral.
Durante su exposición, el legislador argumentó que el Código Civil vigente en la entidad continúa protegiendo el honor, la reputación y la vida privada con un lenguaje diseñado para una sociedad que ya no existe.
“La vida ya no transcurre solo en la calle o en la casa; transcurre en la pantalla, en el espacio digital”, afirmó Trujillo de Ita, enfatizando que las leyes no pueden ser omisas ante la realidad virtual en la que interactúan las y los ciudadanos.
Detalló que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documentaron que durante el año 2024, casi 19 millones de personas en México, es decir, uno de cada cinco usuarios de internet— vivieron alguna situación de acoso cibernético.
Detalló que detrás de esta cifra existen casos graves de imágenes manipuladas, voces clonadas, suplantación de perfiles y reputaciones destruidas en cuestión de horas, conductas ante las cuales la legislación actual de Puebla guardaba silencio.
Ante este panorama, la iniciativa presentada propone tres modificaciones concretas y fundamentales:
Reconocimiento del Derecho a la Identidad Digital: Se incorpora formalmente este concepto al código, entendiéndolo como el conjunto de datos, imágenes, voz, perfiles y representaciones que identifican a una persona en entornos digitales.
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Transición hacia la Reparación Integral: El modelo migrará de ser meramente indemnizatorio a uno de reparación integral del daño. Con esto, el juez tendrá la facultad de ordenar —según el caso— la eliminación inmediata del contenido lascivo, la rectificación pública, atención psicológica para la víctima y garantías de no repetición, reconociendo que el dinero no siempre repara una vida afectada.
Eliminación del Tope Indemnizatorio: Se remueve el límite actual de 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Esta medida armoniza la legislación local con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró inconstitucional la fijación de montos máximos para la reparación del daño moral.
”Con esta reforma, el Congreso del Estado busca enviar un mensaje claro a las víctimas de suplantación, montajes y odio digital en Puebla: la ley las reconoce y los juzgadores contarán con las herramientas necesarias para garantizar una justicia real y una reparación efectiva”.