Diputados de oposición en el Congreso del Estado manifestaron su preocupación ante la propuesta del gobernador, Alejandro Armenta Mier, de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe a los partidos sobre los antecedentes delictivos de sus aspirantes.

Coinciden en la necesidad de blindar las elecciones del crimen organizado, advirtieron que esta medida no debe convertirse en un mecanismo de veto arbitrario para el proceso electoral de 2027.

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​La controversia surge tras el anuncio del titular del Ejecutivo sobre solicitar reportes por escrito a la FGE respecto a perfiles con presuntas conductas delictivas.

Los legisladores señalaron que este mecanismo es “delicado”, ya que podría vulnerar derechos fundamentales si no se establecen reglas claras.

​Fedrha Suriano Corrales, diputada de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta como compleja, subrayando que la Fiscalía debe priorizar la secrecía de sus investigaciones.

“No se pueden ventilar nombres de manera irresponsable; hay que cuidar el sigilo y la presunción de inocencia”, afirmó.

Recordó que, legalmente, mientras no exista una sentencia condenatoria, los derechos políticos de un ciudadano no pueden ser suspendidos, por lo que una simple investigación no debería ser motivo de exclusión.

​Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Marcos Castro Martínez, expresó su inquietud ante la posibilidad de que la FGE sea utilizada para “bajar” a candidatos con altas posibilidades de triunfo.

​Castro Martínez hizo un llamado a la prudencia para no generar conflictos en el registro de candidaturas y propuso una coordinación permanente entre la Fiscalía, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y las dirigencias partidistas, evitando que la institución sea la que decida quién puede o no aparecer en la boleta.

​Finalmente, la legisladora del PRI, Delfina Pozos Vergara, fue enfática al señalar que la FGE no debe transformarse en un “garrote político”.

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En su lugar, propuso endurecer los requisitos legales desde el Congreso, sugiriendo que los candidatos pasen por filtros similares a los de los cuerpos de seguridad.

​”Se deben reforzar los lineamientos; los candidatos deberían pasar por controles de confianza y exámenes toxicológicos, tal como lo hacen los policías. Es necesario definir métodos claros para que no se usen las instituciones como se hizo en el pasado”, sentenció Pozos.