El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez estatal tras su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato millonario con una empresa energética para la construcción de una planta fotovoltaica.

De acuerdo con la resolución judicial, el exmandatario enfrenta cargos por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de que se identificaran posibles anomalías en la firma del contrato con la empresa Next Energy.

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La investigación se centra en un acuerdo firmado durante su administración (2019-2021), mediante el cual el gobierno estatal se comprometía a realizar pagos mensuales de aproximadamente 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que representaría un monto total cercano a los 35 mil millones de pesos.

Asimismo, se señala que el proyecto contemplaba una aportación inicial de recursos públicos como garantía, pese a que la planta fotovoltaica nunca fue construida.

La vinculación a proceso implica que el juez encontró elementos suficientes para continuar con la investigación penal en contra de Bonilla, aunque no determina su culpabilidad. El caso seguirá su curso en las siguientes etapas legales, donde se definirán posibles responsabilidades.

Autoridades estatales sostienen que las decisiones tomadas durante su gobierno pudieron haber generado un daño a las finanzas públicas de Baja California.

El proyecto energético tenía como objetivo abastecer de electricidad a sistemas de bombeo de agua en el estado; sin embargo, fue cancelado posteriormente por presuntas irregularidades, falta de permisos y riesgos financieros.

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Este caso se perfila como uno de los procesos legales más relevantes en la entidad, al involucrar a un exgobernante y el manejo de recursos públicos en contratos de gran magnitud.