La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral que plantea cambios constitucionales en el sistema de representación legislativa, el financiamiento de partidos y los mecanismos de control en las campañas.

La propuesta, que deberá ser analizada por la Cámara de Diputados de México y el Senado de la República de México, busca modificar diversos artículos de la Constitución con el objetivo de reducir costos del sistema electoral, fortalecer la transparencia y garantizar que todos los candidatos compitan directamente por el voto ciudadano.

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Uno de los puntos centrales de la iniciativa es reconfigurar la integración del Congreso. El proyecto plantea eliminar las listas cerradas de legisladores plurinominales, con la intención de que los aspirantes tengan que realizar campaña y obtener respaldo ciudadano para acceder a un cargo.

En el caso del Senado, la propuesta contempla reducir el número de integrantes de 128 a 96, eliminando los 32 escaños asignados mediante listas nacionales. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se mantendrían los 300 legisladores de mayoría relativa, pero se modificaría el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional.

Otro eje de la reforma es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, con la intención de disminuir el gasto en el sistema electoral. Además, se plantean nuevas medidas para reforzar la fiscalización de los recursos utilizados en campañas, con el objetivo de impedir la entrada de dinero ilícito.

La iniciativa también propone regular el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales en propaganda electoral, así como fortalecer la vigilancia sobre el financiamiento de campañas para evitar la influencia del crimen organizado.

De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) se mantendría como autoridad responsable de organizar los comicios, aunque se prevén ajustes en algunos mecanismos del sistema electoral.

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Para que la reforma sea aprobada, requerirá mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la ratificación de al menos 17 congresos estatales, por lo que se anticipa un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas en las próximas semanas.