El presidente de la Comisión Electoral, Pablo Gómez, dio a conocer que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla reducir en una cuarta parte el financiamiento público a los partidos políticos.
Explicó que la propuesta busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) opere con órganos temporales para la organización de elecciones y consultas, además de desligarlo de la remoción de los organismos públicos locales electorales.
Señaló que las entidades administrativas de la federación no tienen atribuciones para elegir a autoridades en las entidades federativas, aunque estas deberán subordinarse cuando se trate de elecciones concurrentes.
Respecto al financiamiento a partidos, indicó que durante muchos años se ha planteado la necesidad de revisarlo. “No es un tema nuevo. Esta propuesta es equilibrada y su monto total debe corresponder al país que tenemos”, sostuvo. La iniciativa plantea una reducción del 25 por ciento en los recursos públicos destinados a los institutos políticos.
En materia de fiscalización, destacó que el control de gastos de partidos y candidatos es uno de los pilares del sistema electoral y debe ser una función exclusiva del INE. Añadió que la fiscalización debe tener un carácter preventivo y enfocarse en el combate al uso de recursos ilícitos.
Gómez afirmó que uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del INE, particularmente en materia de fiscalización, mediante la creación de un sistema de información cotidiana que permita contar con datos oportunos sobre todas las actividades financieras de los candidatos.
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Asimismo, subrayó que en los últimos años se ha respetado la libertad de ideas y opiniones en el debate político; sin embargo, consideró que este debe realizarse con base en la ética republicana. En ese sentido, planteó definir con claridad qué constituye propaganda política para delimitar responsabilidades sin vulnerar la libertad de expresión.
También señaló que los bots calumniosos no deben permitirse y que el uso de inteligencia artificial en propaganda política debería ser obligatorio de identificar, con el fin de proteger derechos fundamentales frente a la desinformación.
Finalmente, sostuvo que la reforma constitucional propuesta por la presidenta no es un ajuste administrativo más, sino una actualización del sistema electoral mexicano orientada a fortalecer la legitimidad democrática, robustecer la fiscalización y respetar el federalismo electoral.