El Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma para impedir que personas presuntamente ligadas al crimen organizado puedan contender por cargos de elección popular a través de partidos políticos.

En conferencia de prensa, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde explicó que la reforma modificaría la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del INE e integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.

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Dicha comisión serviría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

De esta manera, se podrían consultar los nombres de aspirantes a candidaturas con instancias como el CNI, la Fiscalía General de la República y la UIF, con el objetivo de detectar posibles riesgos razonables de vínculos con la delincuencia organizada.

Asimismo, se plantea que las personas aspirantes manifiesten, como requisito obligatorio ante el partido que las postule, su consentimiento para ser evaluadas por esta comisión.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se han detectado algunos casos de presuntos vínculos con la delincuencia, particularmente en alcaldías, aunque aclaró que se trata de situaciones aisladas y no generalizadas.

Explicó que, tras lo ocurrido en Morelos, el INE debe intervenir para realizar investigaciones, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

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“Es importante que exista un mecanismo que permita a los partidos políticos conocer si una persona tiene o no antecedentes vinculados al crimen organizado”, señaló.

La mandataria recordó que esta propuesta ya había sido incluida en el llamado “Plan A” de la reforma electoral, aunque no fue aprobada en su momento.

Finalmente, indicó que, debido a la cercanía del inicio del proceso electoral, se decidió presentar nuevamente la iniciativa durante el próximo periodo extraordinario del Congreso.