La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación por el secuestro de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz, en un caso que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La comunicadora, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que ingresó a su domicilio. A más de una semana de los hechos, las autoridades federales decidieron atraer el caso a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
¡Golpe al Poder Judicial! Sancionan a jueces y psicólogos por irregularidades
La decisión busca fortalecer las líneas de investigación y coordinar los esfuerzos para localizar a la periodista, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances concretos que permitan esclarecer los hechos o determinar el móvil del secuestro.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han exigido una investigación exhaustiva y han pedido que la labor periodística de Guzmán sea considerada como una posible línea de indagación. Asimismo, han solicitado medidas urgentes para garantizar la seguridad de comunicadores en la entidad.
En el transcurso de la investigación, autoridades estatales reportaron la detención de varias personas presuntamente vinculadas con el caso; sin embargo, las pesquisas continúan bajo reserva y la información oficial ha sido limitada.
El secuestro de Roxana Guzmán vuelve a colocar en el centro del debate la situación de riesgo que enfrentan periodistas en distintas regiones del país, particularmente en Veracruz, estado que históricamente ha registrado agresiones contra integrantes de los medios de comunicación.
Mientras familiares, colegas y organizaciones civiles mantienen el llamado para que la periodista sea localizada con vida, la atracción del caso por parte de la FGR representa un nuevo esfuerzo institucional para esclarecer uno de los hechos que más preocupación ha generado en el gremio periodístico durante las últimas semanas.