El Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con 22 votos a favor y 13 en contra.

Esta decisión marca un avance significativo en el estado, alineándose con una sentencia previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de agosto de 2024, que ordenó al Congreso local derogar los artículos del Código Penal que criminalizaban el aborto voluntario.

El dictamen, aprobado en comisiones el 7 de abril, establece que el aborto voluntario no será penalizado dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, mientras que se impondrán sanciones solo en casos de aborto forzado (sin consentimiento de la persona gestante), con penas de 5 a 10 años de prisión.

Además, se contemplan castigos de uno a dos años de prisión para personal de salud que realice abortos fuera de este plazo, junto con la suspensión de su ejercicio profesional por un tiempo equivalente.

La sesión de hoy en el Congreso estuvo marcada por tensiones, con manifestaciones de grupos como Marea Verde, que apoyaron la medida con pañoletas verdes, y críticas de sectores conservadores que se opusieron a la reforma.

Este paso posiciona a Yucatán como una de las entidades en México que responden al mandato de la SCJN para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, aunque el debate sigue generando división en la sociedad yucateca.