Colectivos de familiares de personas desaparecidas en México solicitaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU la publicación íntegra de un informe sobre la crisis de desapariciones en el país, en medio de cuestionamientos a las cifras oficiales del gobierno federal.

La exigencia surge luego de que organizaciones civiles y grupos de búsqueda denunciaran posibles inconsistencias en el registro nacional de personas desaparecidas, al considerar que existe una reducción significativa en el número de casos reportados, lo que calificaron como una “rasura” de datos.

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De acuerdo con los colectivos, la actualización del padrón oficial ha generado incertidumbre, ya que miles de casos habrían sido reclasificados o eliminados sin claridad sobre su resolución. Señalan que esta situación podría ocultar la verdadera magnitud del problema y afectar los procesos de búsqueda y justicia.

Ante ello, las organizaciones pidieron al organismo internacional que haga públicos los hallazgos derivados de sus mecanismos de seguimiento, particularmente aquellos relacionados con posibles violaciones graves en materia de desaparición forzada.

México enfrenta una de las crisis más severas en este rubro a nivel mundial. Datos de instancias internacionales refieren que el país concentra un alto número de acciones urgentes activadas por la ONU, lo que refleja la persistencia del fenómeno y las dificultades institucionales para atenderlo.

Los colectivos, integrados en su mayoría por familiares de víctimas, han reiterado que continuarán con labores de búsqueda independientes ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de las autoridades. Asimismo, exigieron mayor transparencia, coordinación institucional y garantías de seguridad para quienes participan en estas tareas.

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La petición a la ONU se da en un contexto de creciente tensión entre organizaciones civiles y el gobierno, en el que la demanda principal sigue siendo el esclarecimiento de los casos y el acceso a la verdad para miles de familias en el país.