CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal exigió a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza reembolsar los pagos realizados por las familias para la inscripción de sus hijos, al reiterar que la modalidad de educación militarizada está prohibida en instituciones educativas del país.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación del Gobierno Federal, Eurípides Flores Pacheco, informó que mantiene comunicación con la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes y se concrete la clausura del plantel respetando el debido proceso.
Explicó que, debido al actual periodo de receso escolar, las autoridades preparan las acciones legales necesarias para actuar de manera ordenada y evitar contratiempos una vez que concluya el periodo vacacional.
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En cuanto a la situación académica de los estudiantes, aseguró que sus derechos están garantizados y que las autoridades educativas deberán coordinarse con la institución para que entregue la documentación correspondiente, incluidos certificados parciales o de conclusión de estudios, con el fin de que las y los alumnos puedan continuar su formación en otra escuela.
Asimismo, sostuvo que la academia deberá reembolsar el dinero a las familias que realizaron pagos por concepto de inscripción o cualquier otro trámite relacionado con el ingreso al plantel.
“Los derechos de las y los estudiantes y de sus familias están protegidos”, afirmó el funcionario, al señalar que los estudios cursados previamente conservarán su validez para facilitar la continuidad educativa de los alumnos.
Flores Pacheco subrayó que, aunque respeta a quienes promueven este tipo de enseñanza, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni la SEP federal, ni ninguna otra autoridad educativa están facultadas para autorizar escuelas con modalidad militarizada o análoga.
Finalmente, reiteró que continúa firme el proceso de clausura de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza y recordó que el viernes pasado se notificó formalmente a las autoridades locales sobre la determinación, tras la información recabada por el Gobierno Federal.