El gobernador Alejandro Armenta aseguró que en su administración no hay persecución ni omisión, y que en los casos del Banco Accendo y del Conalep Puebla —donde se investigan presuntos desvíos de recursos— se aplicará la ley sin distingos partidistas.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre las multas millonarias impuestas a la exsecretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro, por la inversión de más de 600 millones de pesos en dicha institución bancaria. En respuesta, enfatizó que no habrá protección para nadie.
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“Son dos expedientes abiertos: uno relacionado con quien fue tesorera del Estado y otro con el señor Jesús Zaldívar, quien estaba al frente del Conalep. Ambos casos se investigan y nosotros proporcionamos la información que se nos solicita”, afirmó.
Armenta explicó que la instrucción al secretario de la Función Pública y Anticorrupción es actuar con apego a la legalidad y a la rendición de cuentas, sin importar la filiación política de los involucrados.
“En Puebla nadie está por encima de la ley. Ninguna persona, sin importar su cargo, oposición o militancia política, puede sustraerse de la responsabilidad de actuar conforme a derecho”, sentenció.
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El gobernador reiteró que su administración no acusa, no protege ni persigue, sino que deja que las autoridades competentes realicen los procedimientos conforme marca la ley.
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“En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión. La justicia no tiene colores: este gobierno actúa con respeto a la ley”, subrayó.
Armenta también negó que su amistad con algunos colaboradores sea una “capa protectora” frente a posibles irregularidades.
Recordó que, en el caso del Conalep, las anomalías fueron detectadas y se abrió una investigación, sin importar que la administración anterior perteneciera a otro partido.
“Se dijo que no se protegiera el caso del Banco Accendo, y ahí está. No hay protección para nadie”, ni siquiera en los hechos ocurridos durante el gobierno morenista de Luis Miguel Barbosa, puntualizó.
Finalmente, el mandatario aprovechó para desmentir señalamientos en contra de su hijo, a los que calificó como calumnias y difamaciones.
“Quiero dejar claro que ningún familiar mío ni de mi esposa puede solicitar prebendas, beneficios o acciones que violenten la ley. Lo que se ha dicho contra mi hijo es falso; respeto la libertad de expresión, pero no la calumnia ni la difamación”, concluyó.

