El comisionado nacional para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco, informó que ocho empresas se encuentran en proceso judicial por realizar descargas ilegales al afluente, mientras que una más es investigada a nivel nacional por la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia de prensa, el funcionario federal reveló que 29 empresas descargan actualmente al río Atoyac, por lo que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se mantiene una auditoría permanente para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
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Indicó que también se ha solicitado la desincorporación de aquellas firmas que no cumplan con los procesos establecidos.
Durante su encuentro con medios de comunicación, Martínez Orozco detalló que como parte de las acciones de saneamiento, para este año se tienen programadas 80 visitas de inspección en seis municipios ubicados en la cuenca del Atoyac.
Asimismo, informó que en los recorridos realizados se han identificado 4 mil 900 puntos de descarga a lo largo del río, de los cuales el 95 por ciento corresponden a descargas domiciliarias y municipales, principalmente en los municipios de Santa Rita Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca.
El comisionado señaló que existe un acuerdo con la procuraduría ambiental para que las empresas se apeguen a las características técnicas y la normatividad vigente. Precisó que dentro de este acuerdo se integró al sector textilero, aunque reconoció que no todas las empresas se han regularizado.
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“Hay muchos casos de tomas clandestinas, situación que se atiende mediante visitas de inspección conjuntas con Profepa y Conagua”, puntualizó.
Adelantó que se proyecta la instalación de un centro de monitoreo fijo, similar al que opera en Tlaxcala, cuyo sitio será definido el próximo año.
Finalmente destacó que en este año se instalarán cinco plantas de tratamiento en igual número de municipios, con una inversión que no alcanza los mil 500 millones de pesos, al precisar que se contemplan 400 millones de pesos para Tlaxcala y 400 millones de pesos para Puebla.