México continúa avanzando en la despenalización del aborto, con 24 de las 32 entidades federativas que ya han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, consolidando una tendencia de mayor reconocimiento a los derechos reproductivos de las mujeres.

No obstante, aún hay estados que se resisten a armonizar su legislación local con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La legalización del aborto voluntario hasta las 12 o 13 semanas de gestación comenzó en 2007 en la Ciudad de México, y desde entonces se han sumado estados como Oaxaca, Veracruz, Baja California, Puebla y más recientemente Campeche, Tabasco y Yucatán (este último con algunas restricciones).

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Sin embargo, la resistencia sigue vigente en al menos ocho estados. Guanajuato, Aguascalientes y el Estado de México se encuentran entre los casos más emblemáticos.

Apenas esta semana, el Congreso de Guanajuato rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto, con una votación dividida (19 votos en contra y 17 a favor), en la que destacó el cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien votó junto con el PAN.

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Pese al fallo histórico de la SCJN en 2021, que declaró inconstitucional penalizar el aborto, la implementación efectiva depende de reformas en los códigos penales estatales. Esta falta de armonización ha generado un mosaico legal desigual en el país.

A nivel federal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció a principios de año que garantizará el acceso al aborto a todas las trabajadoras del gobierno federal, independientemente del estado donde residan. Sin embargo, persisten desafíos para asegurar que esa garantía se traduzca en acceso real, sobre todo en zonas conservadoras o rurales.

Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han señalado que, aunque las reformas legales son un paso importante, el acceso efectivo aún enfrenta obstáculos como la objeción de conciencia médica, la falta de información, y la limitada infraestructura de salud en ciertas regiones.

Con el proceso electoral de 2024 ya concluido y nuevos congresos instalados, el debate sobre la despenalización del aborto seguirá siendo un punto clave en la agenda pública, reflejando una profunda polarización entre los avances en derechos humanos y las posturas conservadoras que aún predominan en varias regiones del país.