El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, informó que durante la revisión administrativa realizada en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se detectaron diversas anomalías, las cuales, una vez concluido el proceso de integración de expedientes, serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción.

El funcionario precisó que esta revisión no invalida las plazas otorgadas conforme a la ley, ni implica prejuzgar conductas o criminalizar al magisterio.

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Subrayó que el objetivo es fortalecer un nuevo sistema de justicia laboral, en el que los docentes de carrera sean los principales beneficiados en la asignación de plazas.

Entre los resultados preliminares, García Parra detalló que se identificaron debilidades en los procesos administrativos relacionados con la asignación de plazas, así como normatividad desactualizada, expedientes incompletos e inconsistencias entre convocatorias, adscripciones y pagos.

Asimismo, se detectaron fallas en la trazabilidad administrativa, posibles actos de discrecionalidad, acuerdos internos para la asignación de plazas y relaciones familiares que podrían representar conflictos de interés.

El coordinador de gabinete explicó que, una vez integrados los expedientes correspondientes, se dará vista a la Secretaría Anticorrupción, y en los casos donde se identifique el uso de recursos federales, también se notificará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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Finalmente, reiteró que estas acciones buscan transparentar los procesos, corregir prácticas irregulares y garantizar que la asignación de plazas en el sector educativo se realice con apego a la legalidad y equidad.