El Gobierno del Estado instaló una mesa diálogo entre las autoridades municipales de Palmar de Bravo, Tecamachalco y la empresa Grupo Cruz Azul, para que se revise legalmente el pago de impuestos en cada demarcación, tras la clausura de la cementera que realizó Tecamachalco.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, señaló que con las reuniones se pretende dirimir las diferencias legales.
Subrayó que “hay varias observaciones” en contra de Cruz Azul, por ello, hay una revisión de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente por la situación de contaminación del agua y los mantos freáticos en la región.
Prevalece la inquietud del ayuntamiento de Tecamachalco de tener participación en la recaudación de impuestos de la cementera.
“Del total de la superficie que la cementera adquirió para instalar su planta, hay un porcentaje que está en el territorio de Tecamachalco. Esto a inicio no estaba contemplando porque en las escrituras de la empresa dicen que pertenecen al municipio de Palmar de Bravo, lo que ocasionó que todos los trámites administrativos estén registrados en ese lugar”.
Sin embargo, la autoridad municipal de Tecamachalco, realiza una revisión jurídica en las escrituras de propiedad de la planta.
En este sentido, Aquino Limón, dijo que hay diálogo con los directivos de la empresa y hay toda la disposición de revisar legalmente este hecho.
Dijo que en caso de que ambos municipios tienen requerimiento de impuestos se tendrá que hacer, en la medida de lo legalmente establecido.
“Hemos sido muy prudentes porque la empresa es muy sólida, merece respeto y atención, genera empleo y economía; pero también el municipio tiene derecho a recabar los impuestos que considere necesarios en un marco de legalidad”.
Y es que Grupo Cruz Azul paga sus impuestos en el municipio de Palmar de Bravo, pese a que una fracción del terreno se encuentra en Tecamachalco.
En días pasados, el Ayuntamiento de Tecamachalco clausuró un yacimiento de Grupo Cruz Azul, por carecer de permisos para operar e invadir 598 hectáreas del territorio, y ante esta situación, la empresa interpondrá un juicio en contra del Ayuntamiento de Tecamachalco, al justificar que la planta se encuentra en el municipio de Palmar de Bravo.
( Violeta García Rojas )

