El Gobierno del Estado dará pelea en los tribunales federales, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó revisar un amparo que interpuso contra el pago de una indemnización de más de 400 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, que en su momento el gobernador Rafael Moreno Valle le canceló, en el 2009, el contrato de construcción y concesión del Libramiento Poniente.
Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, dijo que la resolución de la máxima autoridad aún no está firme, y seguirá la lucha contra la empresa para evitar el pago de indemnización millonario.
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“Seguimos peleando con la empresa, es una lástima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya actuado así, estoy preparando una explicación técnica y legal, para informar cómo está el caso”.
Insistió que el Estado tiene la razón, por ello, se tiene que analizar de fondo, ya añadió que en días pasados acudió personalmente a la SCJN a escuchar los alegatos, una vez que se presumía que el dictamen venía como lo propuso el ponente.
Sin embargo, comentó que no se esperaba que la votación fuera en contra, “no es correcto, hay violaciones”.
Argumentó que hay alternativas legales a las que aún el Gobierno del Estado estará recurriendo, para revertir la determinación de los Magistrados de la SCJN.
Los ministros Javier Laynez Potisek y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra, y por ello, la Segunda Sala dejó firme la sentencia de un Tribunal de Justicia Administrativa contra las autoridades poblanas, a quienes la constructora les exige que le paguen el monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento sur, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es que el Gobierno del Estado pague más de 400 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones.
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A una semana de que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN decidieron por mayoría de votos desechar una revisión de amparo que solicitó el Gobierno del Estado contra la resolución emitida desde el 2022 por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla a favor de la empresa.