El gobernador Alejandro Armenta reconoció que la empresa Agua de Puebla ha incumplido con sus responsabilidades de inversión y prestación del servicio y rechazó las críticas de actores políticos que acusan al gobierno estatal de lucrar electoralmente con la entrega gratuita de agua mediante pipas.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario sostuvo que el acceso al agua es un derecho humano consagrado en el artículo cuarto de la Constitución y afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizarlo cuando existan fallas en la prestación del servicio.

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Armenta señaló que la privatización del agua en Puebla convirtió un derecho fundamental en un negocio para beneficio de particulares, situación que, aseguró, hoy padecen miles de ciudadanos.

“Qué pasó en Puebla, un gobierno depredador, corrupto y saqueador privatizó el agua y convirtió el derecho al agua en una mercancía donde solamente se benefician unos cuantos. Ellos son responsables, ellos les quitaron a los poblanos el derecho humano al agua”, afirmó.

El titular del Ejecutivo estatal consideró que quienes impulsaron la concesión carecen de autoridad moral para criticar las acciones emprendidas por su administración para atender la falta de agua en distintas zonas de la entidad.

Asimismo, reconoció que cancelar la concesión no es una decisión sencilla, ya que implicaría sanciones económicas que tendrían que ser cubiertas con recursos públicos. Por ello, explicó que el gobierno estatal mantiene una revisión jurídica del contrato y de los posibles mecanismos legales para actuar.

“Claro que la empresa Agua de Puebla incumple. Claro que solo ve el negocio del saqueo del agua y no el derecho humano. Para ellos no es importante el derecho, sino cuánto les deja”, sostuvo.

Armenta aseguró que su administración trabaja para garantizar el acceso al agua mientras avanzan los procedimientos legales relacionados con la concesión.

En ese sentido, destacó la adquisición de 100 pipas para abastecer a colonias donde persisten problemas de suministro.

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El gobernador también salió en defensa de la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, luego de que actores políticos cuestionaran su participación en la distribución de agua.

“Los cínicos que privatizaron el agua ahora acusan a la maestra Laura Artemisa por estar repartiendo agua. Privatizaron, hicieron negocios con el agua y le quitaron a la gente el derecho humano; ahora que llevamos agua a las colonias donde no hay servicio, nos critican”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la entrega de agua mediante pipas no tiene fines electorales, sino que responde a una obligación constitucional del Estado para garantizar un derecho básico a la población, mientras se atienden de fondo los problemas derivados de la concesión.