Integrantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos, empresarias, académicas y medios de comunicación emitieron un pronunciamiento público para pedir al edil Pepe Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, atender la denuncia presentada por la activista y trabajadora del Ayuntamiento Guedany Figueras, quien acusa acoso laboral, violencia institucional y violencia política en razón de género.

En el posicionamiento, las firmantes señalaron que dichas conductas habrían sido ejercidas por la regidora Lupita Vanesa López Silva, a quien señalan de presuntamente hostigar y discriminar a Figueras por su activismo feminista y su participación en la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia.

De acuerdo con el documento, la activista habría sido cuestionada y censurada por su labor en la agenda feminista y, posteriormente, se le habría impedido continuar desempeñando sus funciones en su área de trabajo, presuntamente por presiones políticas externas.

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Ante esta situación, las organizaciones hicieron un exhorto público al alcalde, así como a la Secretaría de Mujeres del municipio, la Contraloría y la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla, para que atiendan el caso y garanticen la protección de los derechos laborales y humanos de la trabajadora.

Las firmantes recordaron que la legislación vigente contempla mecanismos para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la violencia en el ámbito laboral, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normativa local aplicable.

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Asimismo, expresaron su respaldo y sororidad a Figueras, quien ya presentó diversas acciones legales, entre ellas una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una denuncia ante la Sindicatura Municipal y otra ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

En el pronunciamiento también condenaron las presuntas conductas de la regidora y la exhortaron a capacitarse en materia de violencia política de género.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que el activismo feminista y la defensa de los derechos humanos no deben ser motivo de represalias dentro de las instituciones públicas, por lo que pidieron a las autoridades municipales resolver el caso con perspectiva de género y en favor de los derechos laborales de la denunciante.