La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó su respaldo a la emisión de los nuevos Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias, al considerar que representan una oportunidad para fortalecer la protección de los radioescuchas y televidentes, siempre que su aplicación respete la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios de comunicación.
El organismo señaló que los lineamientos constituyen un paso importante para garantizar el derecho de las audiencias a recibir información de calidad, diferenciando claramente entre contenidos informativos, de opinión y publicitarios. Sin embargo, enfatizó que la regulación no debe convertirse en un mecanismo que limite el ejercicio periodístico ni la libertad de los concesionarios para difundir contenidos.
La CIRT también destacó la importancia de que las autoridades mantengan un diálogo permanente con la industria de la radiodifusión durante la elaboración de las leyes secundarias que regirán el sector, especialmente tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de un nuevo esquema regulatorio.
En este contexto, la organización reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno federal y el Poder Legislativo en la construcción de un marco jurídico que brinde certeza a los concesionarios y, al mismo tiempo, fortalezca los derechos de las audiencias sin afectar la pluralidad informativa.
El debate sobre los lineamientos ha cobrado relevancia en los últimos días debido a las posturas encontradas entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles. Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones buscan garantizar el derecho a la información y fortalecer la transparencia en los contenidos, algunos sectores advierten que será fundamental vigilar su implementación para evitar cualquier afectación a la libertad de expresión.
La discusión continuará conforme avancen las consultas públicas y el análisis de las reformas en materia de telecomunicaciones, proceso en el que la CIRT confía en que prevalezca un equilibrio entre la protección de las audiencias y el respeto a los principios democráticos que rigen a los medios de comunicación.