Ante las diversas irregularidades detectadas en casos de despojo inmobiliario, el Gobierno del Estado anunció una propuesta para incrementar las penas hasta 20 años de prisión para quienes cometan este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la iniciativa contempla endurecer las sanciones en el Código Penal del Estado, al establecer agravantes específicas cuando el despojo se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o comunidades indígenas.

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Detalló que también se agravará la pena cuando intervenga un servidor público, se simulen actos de autoridad, se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad, o exista participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.

De acuerdo con la propuesta, el despojo agravado será sancionado con penas de 6 a 12 años de prisión y multas de 100 a mil 500 UMAs. En tanto, para quien financie, dirija o sea autor intelectual, la sanción podría ir de 7 a 15 años de prisión, además de multas de mil a 3 mil UMAs.

Asimismo, García Parra explicó que se incluye una agravante adicional cuando el delito tenga finalidad lucrativa, particularmente cuando se utilicen estos mecanismos para la comercialización ilegal de tierras, lo que permitiría incrementar la pena hasta en una tercera parte, es decir, 20 años.

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El funcionario señaló que esta propuesta responde a los casos recientes detectados y busca cerrar espacios a la corrupción.

Añadió que ahora será responsabilidad de las y los diputados analizar y aprobar las modificaciones correspondientes para fortalecer las medidas legales contra este delito.