Tras el presunto asesinato de Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional originaria de Ajalpan, ocurrido dentro del 51 Batallón de la corporación en Acapulco, Guerrero, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó su respaldo a la familia y pidió no adelantar conclusiones hasta que las autoridades competentes determinen los resultados de la investigación.
En entrevista, luego de participar en el evento “Tech Puebla Summit 2025”, el mandatario estatal señaló que el caso debe permanecer en manos de las fiscalías de Guerrero y Puebla, con el fin de evitar especulaciones.
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“Todo el apoyo, pero está en materia de las fiscalías. Para no entorpecer, hay que dejar en manos de las autoridades de Guerrero y Puebla los trabajos de investigación. En cuanto tengamos información, la daremos a conocer. Debemos evitar especulaciones”, puntualizó.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan manifestó su profunda consternación ante el homicidio de la joven y exigió una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley, para garantizar que el o los responsables no queden impunes.
“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la dignidad de todas las mujeres, y expresamos nuestra total disposición de acompañar a los familiares de la víctima y a toda la sociedad que hoy clama por verdad y justicia”, señaló la administración municipal en un comunicado.
Es de destacar que se ha reportado que recibió dos impactos de bala en la cabeza, dentro del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco.
La versión oficial habría señalado que ocurrió durante una práctica de tiro, pero familiares y allegados han rechazado esa versión como inconsistente con los hechos.
Presunto responsable y huida
Se ha señalado como posible agresor a un sargento segundo, identificado como Yair Manuel Ramírez de la Cruz (o “Yair Manuel ‘N’”).
Este sargento presuntamente huyó tras el incidente y aún se encuentra prófugo.
Denuncias previas de acoso y hostigamiento
Se han difundido mensajes y testimonios de que Stephany habría denunciado casos de acoso laboral o sexual al interior del batallón, sin que hubiese acciones visibles o sanciones.
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En algunos mensajes, ella habría advertido que si procedía legalmente con alguna queja, podría enfrentarse a represalias.
La familia ha cuestionado el hermetismo institucional y exige que no se descarte la perspectiva de género ni posibles omisiones institucionales.

