Tras la muerte de un hombre en la Vía Atlixcáyotl, provocada por un joven de 25 años que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta anunció que presentará una iniciativa para endurecer las sanciones contra conductores ebrios y evitar que obtengan su libertad tras hechos de esta gravedad.
El accidente ocurrió el sábado pasado, cuando el responsable impactó su vehículo contra siete unidades, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre de 53 años, padre y abuelo.

La Fiscalía General del Estado informó que se llegó a un acuerdo entre ambas partes; sin embargo, la familia de la víctima rechazó dicha versión y exigió justicia, pidiendo que se apliquen penas ejemplares.

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Cuestionado sobre el tema, Armenta instruyó al vicealmirante Francisco Sánchez González y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a iniciar el análisis de la reforma.

“Sí, el vicealmirante nos va a ayudar, junto con Samuel, el coordinador de gabinete. Cuando proponemos una modificación a la ley es para proteger a la población. No se desesperen, lo estamos haciendo con planificación y orden”, declaró el mandatario.

El gobernador recordó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas, como ocurrió con la regulación de motocicletas, y aseguró que esta reforma busca cerrar la puerta a la impunidad en casos donde conductores ebrios provoquen muertes.

José Alberto, de 53 años, fue la víctima mortal del accidente ocurrido el 16 de agosto en la Vía Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula. Él viajaba como pasajero en un taxi cuando el vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad .

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Fernando N., de 25 años, es el conductor presuntamente responsable del accidente. Él manejaba un vehículo Cupra y fue detenido en el lugar. Posteriormente, tras una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, fue liberado bajo el argumento de que las partes involucradas habían acordado una solución alternativa al conflicto, aunque la familia de la víctima negó haber dado su consentimiento para tal.