Al dejar en claro que los verdaderos delincuentes provienen de las altas esferas del poder —como en el caso de Javier López Zavala, quien ordenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón—, integrantes del movimiento biker rechazaron nuevamente que el Congreso del Estado los estigmatice con propuestas como la colocación de calcomanías identificativas en sus vehículos.
Durante una concentración en el Paseo de San Francisco, los motociclistas leyeron un decálogo en el que se definen como un movimiento pacífico, pero crítico y consciente.
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“Respetamos a las autoridades para garantizar la seguridad, pero no siempre existen soluciones adecuadas. La seguridad no puede basarse en la estigmatización”, afirmaron.
De acuerdo con el colectivo, la reforma que pretende aprobar el Congreso del Estado atenta contra su dignidad, los somete a sospechas, fomenta la discriminación y no respeta el principio de presunción de inocencia.
“La historia condena este tipo de medidas”, señalaron.
Los bikers insistieron en que estas acciones son ineficaces e injustas, pues está comprobado que la estigmatización no reduce el delito y, en cambio, agrava la exclusión social.
Explicaron que el uso obligatorio de chalecos enumerados es una solución cosmética e insuficiente. “La inseguridad no desaparecerá con pintura reflejante. Es una medida simplista; lo que se requiere es prevención del delito”.
Asimismo, advirtieron que estas medidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Citaron los casos de Veracruz y Colombia, donde motociclistas fueron expuestos a extorsiones y robo de identidad por el uso de identificaciones visibles.
“Ningún grupo debe ser marcado por el tipo de transporte que utiliza. Estas medidas violan derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Las soluciones deben ser la inversión y planeación, así como el combate a la corrupción, no medidas represivas”, dijeron.
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Añadieron que esta reforma abre la puerta a actos de corrupción y que en otros países se han reportado casos de falsificaciones y usurpación de identidad.
“La estigmatización promueve la violencia institucional. El uso obligatorio del chaleco propicia revisiones arbitrarias por parte de las autoridades”, advirtieron.
Finalmente, exigieron políticas públicas respetuosas e instaron a los legisladores a construir soluciones incluyentes, con enfoque en los derechos humanos.
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“La llamada ‘ley chaleco’ es una reforma delicada por el grado de estigmatización que implica. Debemos ser prudentes y no olvidar que hace algunos años se cometieron feminicidios ordenados por legisladores que hoy están en la cárcel. Los crímenes provienen de las esferas más altas del poder, no de la sociedad civil”, concluyeron

