Carlota “N”, una mujer de 73 años, junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Lo anterior tras un incidente violento ocurrido el 1 de abril de 2025 en Chalco, Estado de México.
El caso se originó por una disputa sobre una propiedad en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, la cual, según la familia de Carlota, estaba ocupada de manera ilegal.
De acuerdo con los reportes, tras un intento inicial de negociar con los presuntos invasores, Carlota y sus hijos regresaron armados, lo que derivó en un enfrentamiento donde Carlota disparó un arma, causando la muerte de dos hombres —un hombre de 51 años y su hijo de 19— y dejando herida a otra persona.
El proceso legal se desarrolló de la siguiente manera: tras su detención el 2 de abril de 2025, un juez ordenó prisión preventiva para los tres durante una audiencia inicial el 4 de abril.
El 9 de abril, una audiencia para determinar la vinculación a proceso fue pospuesta debido a preocupaciones sobre la salud mental de Mariana.
Evaluaciones psiquiátricas concluyeron que, aunque Mariana padece un trastorno mental, es legalmente responsable, ya que su condición no le impide comprender sus actos.
Este m 10 de abril, un juez vinculó formalmente a Carlota, Mariana y Eduardo a proceso, manteniendo la prisión preventiva en el penal de Chalco mientras continúa la investigación.
La defensa sostiene que Carlota actuó en legítima defensa, citando un video que supuestamente muestra disparos previos por parte del otro grupo, aunque esta afirmación está bajo investigación.
También han solicitado arresto domiciliario para Carlota por su edad y problemas de salud, como diabetes, pero el juez ha mantenido la detención en prisión.
La opinión pública está dividida: algunos consideran a Carlota víctima de la ineficacia de las autoridades, mientras que otros la critican por tomar la justicia por su cuenta. El caso ha generado un debate sobre los derechos de propiedad y la legítima defensa en México, con figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego ofreciendo apoyo legal y enmarcándolo como una lucha contra la corrupción y la inseguridad sistémicas.
La investigación sigue en curso, y aún no se ha dictado una sentencia definitiva.