El académico, promotor de la educación jurídica popular, afirma que el país debe cambiar el modelo de impartición de justicia y de personas juzgadoras
Reconfigurar el modelo de impartición de justicia y el perfil de las personas juzgadoras en México ayudará a reivindicar el papel que las comunidades agraviadas por la devastación ambiental han jugado para transformar sus entornos, mediante la exigencia de justicia socioambiental, consideró el abogado y politólogo, referente de la crítica jurídica en América Latina, Raymundo Espinoza Hernández.
En su artículo “Comunidades, académicos y abogados”, el especialista en participación comunitaria apunta que “el problema de la democracia y la justicia, es decir, de la política y del Derecho, sigue apareciendo como un gran pendiente en el andar de las comunidades agraviadas”.
Por ello, dice, el siguiente paso en la construcción de sujetos colectivos tiene que ver con la democratización de los espacios públicos y la reconfiguración del modelo de impartición de justicia y el perfil de las personas juzgadoras.
El académico, también promotor de la educación jurídica popular, destaca que, cuando las injusticias de a pie se forjan en los mismos territorios que son destruidos, degradados o despojados por el avance del capitalismo, esa adversidad suele motivar a las poblaciones a exigir justicia de forma espontánea.
“En ocasiones los colectivos claudican en sus intentos agobiadas por la situación, sus propias limitaciones organizativas y los vericuetos legales en apariencia impenetrables. No obstante, al exigir justicia las poblaciones agraviadas también pueden convertirse en agentes del cambio social, en tanto sus batallas abren horizontes de reflexión crítica y acción transformadora”, subraya Hernández Espinoza.
Es así como, cuando las poblaciones se asumen como agentes del cambio social, las comunidades agraviadas por el capital también se convierten en actores políticos y sujetos de la historia”, y es justo en este momento histórico que enmarca la Reforma Judicial, cuando tienen la posibilidad de participar y contribuir para que el modelo de impartición de justicia y el perfil de las y los juzgadores cambie.
“Las instituciones públicas y la legislación son también arenas de disputa donde se formalizan y configuran los derechos de la población, sus condiciones de posibilidad y los límites de su ejercicio mediante marcos normativos y políticas públicas, incluidas políticas de acceso e impartición de justicia”, dice el politólogo y promotor de la justicia ambiental.
En este sentido, concluye, “democratizar el Estado implica también dotar a las instituciones públicas y las leyes de contenidos colectivos y garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, bajo dinámicas participativas que robustezcan la deliberación política y la toma informada de decisiones sobre asuntos de interés público, así como su ejecución y evaluación”.
Raymundo Espinoza Hernández se ha desempeñado como abogado postulante y consultor político, así como asesor del Tribunale Permanente dei Popoli para la “Sesión México”, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Internacional del Trabajo y de diversos procesos colectivos de defensa del territorio en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, donde ha sido reconocido por impulsar la educación jurídica popular y la práctica del litigio participativo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ahora recién reformada como secretaría de Estado.